La pacificación de país requiere de muchas acciones, pero una de ellas es fundamental: la construcción de un estado de derecho que le de vuelta a la impunidad. En la actualidad, según el Índice Global de Impunidad 2018 (construido por la Universidad de las Américas en Puebla), “El índice de impunidad en México aumentó tanto en el ámbito global como en el de los estados de la República. México ocupa el cuarto lugar del Índice Global de Impunidad con 69.21 puntos (Croacia es el país con el menor índice con 36.01 y Filipinas tiene el puntaje más elevado con 75.6). México encabeza la lista de países del continente americano con el más alto índice de impunidad”. En términos porcentuales, en el país se emiten alrededor de 8 sentencias por cada 100 delitos a los que se les inicia carpeta de investigación (deje usted de lado la lista negra, es decir, delitos que se cometen, pero que nadie denuncia). La reestructuración del estado de derecho debe desembocar en que, de cada 100 delitos cometidos, 92 reciban sentencia, si no es que todos.

Actualmente, los principales empeños del país se concentran en el crimen organizado, particularmente en el combate al narcotráfico. En este renglón, el país gasta alrededor de 25 millones de dólares diarios en esa guerra (9 mil millones de dólares al año).

Ese combate lo único que ha logrado es incrementar el precio de las drogas. Si un bien cualquiera, el tomate, suponga usted, ve obstaculizada su oferta y estimulada su demanda, su precio va a subir. Pues bien, la guerra contra las drogas obstaculiza la oferta, pero la demanda va al alza y cada día encuentra menos obstáculos. La consecuencia es el aumento del precio porque los narcotraficantes buscan obtener el premio al riesgo que corren (es un negocio en el que se puede perder incluso la vida).

Para ver esto considere el siguiente dato. Un kilogramo de cocaína cuesta unos dos mil dólares en Colombia. Cuando llega a las calles de las ciudades de los Estados Unidos, cuesta unos 25 mil dólares. Es una guerra perdida de antemano porque siempre habrá agentes económicos que quieran participar en ese mercado que tiene un valor mundial de cerca de 50 mil millones de dólares al año.

Las organizaciones criminales tienen poderosos ejércitos privados, aviones, pistas de aterrizaje, ranchos, barcos y todos los equipos que usted se imagine. Además, su poder corruptor entre políticos y corporaciones que se supone que los combaten, es enorme y tiene costos. Si de pronto se legalizaran todas las drogas en el mundo, el precio de los estupefacientes iba a caer de manera muy pronunciada. La consecuencia de ello sería que las organizaciones criminales de la droga iban a tener fuertes problemas para seguir operando como operan ahora.

Una consecuencia de la legalización sería que, probablemente, se elevaría el número de consumidores. Sin embargo, hay una regla demográfica: las poblaciones humanas tienden a crecer al principio, pero luego se estabilizan. Por ejemplo, la población humana creció despacito durante milenios, luego creció con rapidez a partir de la primera revolución industrial y el desarrollo de la medicina y la higiene. Llegó a los 7 mil millones de personas, pero ahora está tendiendo a estabilizarse en los 8 mil o, cuando mucho, en los 10 mil millones.

Lo mismo sucede con características específicas. El número de migrantes, el de diabéticos, el de consumidores de drogas, etc., tienden a estabilizarse en el 10% de la población.

La legalización de las drogas permitirá, primero, dedicar los esfuerzos del Estado a los otros crímenes de alto impacto, como el robo, el secuestro, la trata de personas, el homicidio y, particularmente el feminicidio; segundo, liberar los 25 millones de dólares diarios para impulsar programas de prevención de la drogadicción y dar alternativas a los jóvenes, y tercero, bajas sustancialmente el número de ejecuciones en el país.

 

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