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Mes: agosto 2019

Primer Informe: La naturaleza del político vs “no somos iguales”

En el informe presidencial de mañana 1 de septiembre, ¿qué prevalecerá? ¿el “no somos iguales” o la naturaleza del político que, como el alacrán, no cambia independientemente de las circunstancias… o del régimen, como en este caso?

Podemos oír sobre las causas reales (no las culpas de otros) del mal desempeño económico; una autocrítica sobre el sub ejercicio presupuestal que ha sido pasado por una austeridad mal entendida que cada vez impulsa más protestas sociales; el esbozo de una estrategia real contra el crimen y la violencia, que se recrudece y desafía al estado mexicano, incluso zarandeando a los soldados; de la persistencia de la pobreza y la desigualdad a pesar de los miles de millones de pesos repartidos en subsidios que no sacarán a nadie de la pobreza, pero que palian sus aspectos más lacerantes…

O podemos oír un rosario de autoelogios, triunfos reales (que los hay) y ficticios, reparto de culpas a diestra y siniestra como método subyacente de ajustar cuentas con enemigos adversarios, neoliberales, conservadores, fifís y toda la fauna no muy numerosa, pero sí bien posicionada, que el Presidente quisiera acallar, todo con saldo a las elecciones que vienen… Podemos oír, por fin muchos “éxitos” basados en una manera indulgente de presentar las cosas.

Yo quisiera oír al Presidente López Obrador como un estadista que afronta los terribles problemas del país, problemas que están más enquistados de lo que todos imaginábamos, que le fueron heredados, es cierto, pero que justamente por eso buscó la presidencia, para empezar una real transformación que siente las bases de un país y, sobre todo, una sociedad nueva… Eso se podría lograr con un reconocimiento crudo de lo que somos y lo que tenemos, con un plan realista y sobrio sobre lo que debemos emprender y con base en la información real y dura que es, ni modo, dolorosa pero más eficaz que esa cosa etérea basada en “otros datos”.

Todos los políticos se autoelógian, está en su naturaleza, pero aquí en donde podemos ver en todo su esplendor eso de que “no somos iguales”.

Universidad Pública. Ni democrática ni popular

El resumen de esta ponencia se podría poner en los siguientes términos. Se busca justificar que la Universidad debe avanzar hacia una estructura de gobierno y de funcionamiento meritocrática (basada en los méritos académicos) y alejarse tanto de la forma autoritaria con que hoy la rige como de las formas democráticas (elección de autoridades por voto universal de la comunidad universitaria) por las que muchos luchan.

  1. Meritocracia y gratuidad: un esquema combinado

La academia es esencialmente meritocrática. Que lo sea, sin embargo, no significa que deba ser regida con criterios autoritarios. Para sentar las coordenadas del debate, la universidad no debe ser democrática ni antidemocrática, sino meritocrática en el sentido de que los cargos que se ocupen y el derecho de elegir deben estar justificados por los méritos académicos.

Sobre las bondades de la democracia hay acuerdo casi universal. Dijo una vez Milton Friedman que la democracia liberal es lo mejor que tenemos. Su colega, Frank Knight, introdujo, oportuno, un matiz: “La democracia liberal y el sistema de mercado son, por desgracia, lo mejor que tenemos”.

Sin embargo, siendo una deseable forma de organización social, la democracia es muy poco o nada recomendable para organizar la vida académica. Las universidades, centros por excelencia de la vida académica, deben organizarse jerárquicamente, en función de los grados académicos y el desempeño de los miembros de la comunidad.

Hoy ha regresado por sus fueros una vieja consigna de la izquierda que pide una universidad crítica, democrática y popular. Admitamos que la universidad debe ser crítica. De hecho, la ciencia en sí misma es crítica y desde la más remota antigüedad ha avanzado a contracorriente poniendo en duda los dogmas, postulados e interpretaciones del poder, político o religioso. El punto conflictivo estaría, entonces, en los criterios populares y democráticos. No sorprende que haya estudiantes y profesores estén empeñados en instaurar un modelo universitario democrático-popular. Lo que sí sorprende, y mucho, es que sean tantos los que ven en ese modelo una especie de reivindicación social sin alcanzar a ver que una institución así organizada será una escuela cualquiera, pero no una universidad.

Los estudiantes y los profesores que buscan democratizar a la universidad deberán explicar qué quieren decir con eso, porque la idea que la propuesta provoca es que se quiere someter al criterio de las mayorías todo lo relacionado con el contenido, la organización y la orientación de la academia, además de la elección de autoridades. El punto es que se busca que un congreso (una asamblea), mayoritariamente estudiantil, decida sobre el futuro de la universidad. Se busca someter al voto de las mayorías los planes académicos, los contenidos docentes, los criterios y orientaciones de la ciencia y la investigación.

El carácter popular de una universidad no puede ir más allá de su gratuidad, a pesar de que hay un criterio simplista que dice que lo que no cuesta no se valora y se pone a la universidad pública como un buen ejemplo de ello. No existe un mecanismo apropiado para inducir el ingreso a la universidad de estudiantes provenientes de familias de muy bajos ingresos. Eso ha ocasionado que los estudiantes universitarios provengan de familias de ingresos medianos y altos, por lo que las cuotas de inscripción y colegiatura que ahora se les cobra a aquellos con promedio insatisfactorio han perdido su carácter de incentivos para un mejor desempeño. Se observa, así, con claridad que la actual gratuidad ha llevado a los estudiantes a pensar que su estancia en la universidad no tiene costo.

Para igualar las oportunidades de los más desfavorecidos económicamente, la gratuidad no es suficiente. Está bien documentado el hecho de que las becas son un poderoso estímulo para el rendimiento académico. De hecho, la propuesta es que se ensaye un sistema combinado de gratuidad, becas y colegiaturas. Para los estudiantes estándar, la gratuidad es el premio a un esfuerzo mediano. Par los estudiantes de alto desempeño académico, la beca es lo apropiado. El cobro de colegiaturas deberá dejarse para los estudiantes mediocres que, en muchos casos, no carecen de la inteligencia suficiente, sino que van a la universidad a perder el tiempo.

Cualquiera de esos esquemas, sin embargo, debe estar respaldado por estrictos criterios y requisitos de admisión y de permanencia.

El carácter popular de la Universidad debe consistir que todos, independientemente del nivel económico, tengan las mismas oportunidades de ingresar, permanecer y egresar de una de las carreras y profesiones que ofrece la institución.

  1. El gobierno universitario y la ley orgánica

La administración de la Universidad de Sonora está basada en una estructura de gobierno antidemocrática. La Ley 4, la ley orgánica de la Universidad de Sonora, funda la autoridad en prácticas de selección de autoridades que permite que prevalezcan intereses de grupo o francamente personales, al margen de la vida académica. El procedimiento de selección de autoridades no se hace a espaldas de la comunidad universitaria, simplemente se hace siguiendo lo que dice la ley, pero esa ley es contraria al espíritu académico, científico e intelectual.

Se argumenta en la exposición de m otivos que la propuesta de la ley 4 estuvo motivada por la “preocupación por la situación actual y los conflictos internos que vive la Universidad de Sonora” y culpaba de eso al marco normativo que existía antes de la ley y que limitaba, se dice, la capacidad de desarrollo académico de la Universidad.

El remedio que encontraron el gobierno del Estado y el congreso local de ese tiempo (1991) fue que al rector lo nombrara una Junta de Gobierno formada por catorce miembros. Hasta allí, digamos que nada extraordinario. El problema consiste en que el Colegio Académico nombra cada año a un nuevo miembro de la junta de gobierno para sustituir al elemento con mayor antigüedad en el organismo. Digamos, por conceder, que todavía hasta aquí no hay un problema extraordinario. Sin embargo, cuando uno pone atención a la composición del Colegio Académico, empieza a vislumbrarse el verdadero meollo del asunto antidemocrático. El Colegio Académico está formado por el rector, los tres vicerrectores, los directores de cada una de las seis divisiones, tres miembros del personal académico, tres de los alumnos y uno de los trabajadores. Es decir, diecisiete miembros, diez de los cuales son gente del rector, si no es que todos porque desde siempre, los jefes de departamento han maniobrado para que los representantes académicos y alumnos sean afines a la administración.

Si el rector controla al Colegio Académico, y este nombra un miembro de la Junta de Gobierno cada año, para el final del rectorado (que suele ser de ocho años por la reelección) el rector tendrá una cómoda mayoría para nombrar sucesor, como ha pasado desde hace ya décadas en la Universidad.

Eso sin contar la nada discreta intervención del Gobierno del Estado que no le cuesta gran trabajo influir en un grupo pequeño y generalmente alejado de la vigilancia de la comunidad universitaria.

  1. La Reforma posible

La Universidad de Sonora debe mirar hacia el futuro. Su estructura orgánica y sus prácticas académicas deben orientarse hacia el desarrollo de las ciencias, las disciplinas profesionales, las humanidades y las artes. Para ello, debe reformarse la ley 4 de tal manera que la estructura de decisión académica y la administración de la institución deje de estar manos de a Junta de Gobierno y que los órganos colegiados representen mejor a los distintos sectores universitarios.

Se proponen cuatro reformas a los órganos universitarios: a la Junta de Gobierno, al Colegio Académico, a los Consejos Académicos y la formación de uno nuevo exprofeso para la elección de autoridades.

Como requisito para llevar a cabo los cambios que más adelante se presentan, es necesaria una reforma general en áreas sustantivas de la Universidad.

a) Reforma general

La primera es que las Divisiones Académicas deban desaparecer porque solamente aumentan la burocracia y no contribuyen más que marginalmente a la coordinación de los departamentos de sus áreas de influencia.

Los departamentos deben ser las instancias básicas en torno a las cuales se organice el personal y la estructura académicas. Los departamentos deben agrupar carreras similares que se ofrezcan en las tres unidades de la Universidad.

Los actuales consejos académicos divisionales deben permanecer y conformarse como se describe más adelante, pero deben incluir, como los departamentos, las carreras de su área de conocimiento en las tres unidades.

Los Consejos Académicos de las tres unidades regionales deben desaparecer para que sus funciones sean absorbidas por los seis consejos divisionales.

b) La Junta de Gobierno

Un grupo al margen de la Universidad, como en la práctica lo es la Junta de Gobierno, debe tener menos atribuciones que las que tiene. La primera reforma es que no la elija el Colegio Académico, sino que esté formada por los rectores y directores de las principales instituciones de educación superior del estado, públicas y privadas, un representante del congreso y otro del gobierno del estado.

Esta Junta tendrá la única función de ser un vigilante externo de la Universidad encargándose de la auditoría financiera de la institución. Esta función será un paso adelante en la transparencia en el uso de recursos de la Universidad.

c) El Colegio Académico

El Colegio Académico debe ser la máxima autoridad de la Universidad y en él debe recaerla responsabilidad del diseño académico y docente. Para que cumpla esa función, sus miembros, para ser candidatos al Colegio, deberán tener méritos y cubrir requisitos de desempeño académico.

Serán miembros del Colegio los siguientes funcionarios: el rector, los vicerrectores, la persona titular de la secretaría académica de la rectoría y cuatro miembros de los Consejos Académicos de cada una de las seis áreas académicas: el presidente del consejo, dos académicos y un estudiante. Es decir, 29 miembros: cinco funcionarios, seis presidentes de consejo, doce académicos y seis estudiantes.

Entre las funciones de El Colegio Académico está la de nombrar a los jefes de departamento.

d) Los Consejos Académicos

La docencia y la investigación se estructurará en torno a los Departamentos. Tanto las carreras como los académicos se agruparán en los departamentos de las carreras similares de las tres Unidades Académicas.

Las divisiones académicas deben desaparecer para simplificar la administración universitaria, pero existirá un Consejo Académico por cada una de las áreas de conocimiento, tal como ahora existen.

Eso significa que habrá 30 departamentos y 6 consejos académicos. La presidencia de esos consejos será rotativa entre los jefes de departamento que abarquen.

e) El Colegio Electoral

La elección del rector la hará un colegio electoral especialmente elegido para ello. Los miembros del personal académicos elegirán al 75 por ciento de los miembros en una votación graduada por el nivel y logros académicos. Los estudiantes elegirán al 15 por ciento de los miembros y el demás personal elegirá al restante 10 por ciento.

Una vez constituido el colegio electoral, la votación será directa y secreta. No habrá campañas electorales, sino una presentación de cada candidato ante el colegio electoral. 

  1. Conclusiones

La Universidad necesita transformarse, pero no en cualquier sentido. Debe hacerlo en el sentido que determine la comunidad universitaria, contribuyendo cada uno según los méritos académicos.

Para llevar a cabo esa reforma, se requiere a su vez de otra reforma, la de la ley orgánica de la Universidad de tal manera que se aleje de la antidemocracia que ahora la distingue (no necesariamente autoritarismo), pero que no se lleve a las prácticas democráticas porque una persona, un voto es una fórmula que significará un retroceso para la calidad académica y, por tanto, a largo plazo, del prestigio de la Universidad de Sonora.

Festejando al fotógrafo

Nepotismo y venganza

“NO NOS CONFUNDAN, NO SOMOS IGUALES. ESO SÍ CALIENTA” (el Presidente Andrés Manuel López Obrador refiriéndose a la mafia del poder). Y sí es cierto, no son iguales porque siempre hay unos que son más iguales que otros. Al respecto, unas viñetas:

  1. Si el juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna es sobrino de Dolores Padierna, entonces lo de Rosario Robles es un asunto político-familiar. Porque Dolores (influyente diputada de Morena en la actual legislatura) es la esposa de René Bejarano (el llamado señor de las ligas que encarcelaron porque aparece en un video haciendo la famosa “transacción” de los paquetes de dólares). Los videos eran propiedad de Carlos Ahumada (que, decían, tenía videograbada a media clase política mexicana). Carlos Ahumada tenía entonces una relación sentimental con Rosario Robles. Y aquí se cierra el círculo. Que Rosario, como todos los funcionarios del peñismo, se sirvieron con el cucharón del pozole, no hay duda. Pero las torcidas leyes mexicanas (que encarcelan raterillos y sueltan a los grandes ladrones), dicen que el peculado (como se llama el robo del dinero del estado) no es delito grave. A pesar de ellos, el Juez F. de J. D. Padierna buscó hasta donde pudo algún pretexto para dejar a Rosario en el tambo, por lo menos dos meses. ¡Y eso que la venganza no es lo de ellos!
  2. A Josefa González Blanco Ortiz Mena, la que detuvo un avión comercial porque se le estaba haciendo tarde aprovechándose de que era secretaria del medio ambiente y recursos naturales, no la corrieron porque eso sea una corruptela, sino porque era imposible cubrirla. La señora González proviene de dos familias muy poderosas en México. Por un lado, del cacique chiapaneco-tabasqueño Tomás Blanco Garrido Canabal. Es hija de Patrocinio González Blanco, que fue secretario de gobernación de Carlos Salinas de Gortari. Por el otro, proviene de Antonio Ortiz Mena, artífice del Desarrollo estabilizador en los sexenios de Ruiz Cortinez y López Mateos, proyecto que es una de las cosas más añoradas por el actual presidente.
  3. Rosalinda López Hernández, la directora del SAT, es parte muy destacada de la familia 4T. Ella es hermana de Adán Augusto López Hernández, gobernador de Tabasco, y esposa de Rutilio Escandón Cárdenas, gobernador de Chiapas.
  4. La secretaria de la función pública, Eréndira Sandoval, esa que dice que el pueblo sabio es más sabio que todos los doctores del mundo, incluyendo los de Harvard, MIT, Cambridge, etc., cuantimás que los de la UNAM, el Poli, la UAM, el ITAM, el Tec de Monterrey y la Unison, es esposa de un tal Ackerman, que no duda en distorsionar las cosas para contribuir al relato (con otros datos) de la cuarta transformación. Ahora, este Ackerman tiene un programa en el Canal 11 donde, dicen los que saben (yo no he visto el cheque), gana muy bien.
  5. Por último, la muy joven secretaria del trabajo, Luisa María Alcalde Luján, es hija de Bertha Luján, una de las muy fuertes aspirantes a dirigir Morena, e hija de Arturo Alcalde. Esta es un final optimista porque Arturo es abogado del SITUAM, sindicato que después de tres meses de huelga no obtuvo más que lo ofreció la 4T a todos, el 3.25%.

Ahora bien, Felipe de Jesús, Josefa, Rosalinda, Eréndira y Luisa María deben tener sus méritos (no debe cargarse en las personas los pecados de los padres y familiares), pero como que hay mucha familiaridad para un régimen que detesta la corrupción y el nepotismo. Salvo que en el gobierno tengan otros datos.

La estadística

Este texto es un fragmento tomado de Sapiens. De animales a dioses. Una breve historia de la humanidad, escrito por el historiador Yuval Noah Harari y publicado en 2014 por la Editorial Debate. Está en el capítulo 14 titulado “El descubrimiento de la ignorancia” que, a su vez, pertenece a la Parte IV del libro cuyo título es “La revolución científica”. 

Isaac Newton (Principios matemáticos de la filosofía natural, 1687) demostró que el libro de la naturaleza está escrito en el lenguaje de las matemáticas. Algunos capítulos (por ejemplo) se resumen en una ecuación bien definida; pero los estudiosos que intentaron reducir la biología, la economía y la psicología a pulcras ecuaciones newtonianas descubrieron que estos campos poseen un nivel de complejidad que hace que dicha aspiración sea fútil. Sin embargo, esto no significa que abandonaran las matemáticas. A lo largo de los últimos 200 años se desarrolló una rama de las matemáticas para tratar los aspectos más complejos de la realidad: la estadística.

En 1744, dos pastores presbiterianos de Escocia, Alexander Webster y Robert Wallace, decidieron establecer un fondo de seguro de vida que proporcionara pensiones a las viudas y huérfanos de pastores muertos. Propusieron que cada uno de sus pastores de la Iglesia aportara una pequeña porción de su salario al fondo, que invertiría el dinero. Si un pastor moría, su viuda recibiría los dividendos de los intereses del fondo. Ello le permitiría vivir confortablemente el resto de su vida. Pero para determinar cuánto tenían que pagar los pastores para que el fondo tuviera dinero suficiente para cumplir con sus obligaciones, Webster y Wallace tenían que poder predecir cuántos pastores morirían cada año, cuántas viudas y huérfanos dejarían y cuántos años sobrevivirían las viudas a sus maridos.

Tome nota el lector de lo que no hicieron los dos sacerdotes. No rezaron a Dios para que les revelara la respuesta. Tampoco buscaron una respuesta en las Sagradas Escrituras o entre las obras de los teólogos antiguos. Y tampoco se enzarzaron en una disputa teológica abstracta. Al ser escoceses, eran tipos prácticos. De modo que contactaron con un profesor de matemáticas de la Universidad de Edimburgo, Colin Maclaurin. Los tres recopilaron datos sobre la edad a la que moría la gente y los usaron para calcular cuántos pastores era probable que fallecieran en cualquier año concreto.

Su obra se basaba en varios descubrimientos recientes en los ámbitos de la estadística y las probabilidades. Uno de ellos era la ley de los grandes números, de Jakob Bernoulli. Bernoulli había codificado el principio de que, aunque podía ser difícil predecir con certeza un único acontecimiento, como la muerte de una persona concreta, era posible predecir con gran precisión el resultado promedio de muchos acontecimientos similares. Es decir, aunque Maclaurin no podía usar las matemáticas para predecir si Webster y Wallace morirían al año siguiente sí que podía, si disponía de datos suficientes, decirles a Webster y Wallace cuántos pastores presbiterianos en Escocia morirían al año siguiente, casi con total certeza.

Por suerte, disponían de datos al respecto que podían usar. Las tablas de actuarios publicadas 50 años antes por Edmond Halley resultaron ser particularmente útiles. Halley había analizado los registros de 1.238 nacimientos y 1.174 muertes que obtuvo de la ciudad de Breslau, Alemania. Las tablas de Halley hicieron posible ver que, por ejemplo, una persona de 20 años de edad tiene una probabilidad entre 100 (1:100) de morir en un determinado año, pero que una persona de 50 años tiene una probabilidad de 1:39.

Después de procesar estos números, Webster y Wallace concluyeron que, por término medio, habría 930 pastores presbiterianos vivos en cualquier momento dado, y que un promedio de 27 pastores morirían cada año, y que a 18 de ellos les sobreviviría su viuda. Cinco de los que no dejarían viudas dejarían huérfanos, y dos de los que tendrían viudas que les sobrevivirían dejarían asimismo hijos vivos de matrimonios previos que todavía no habrían alcanzado los dieciséis años de edad. Calcularon además cuánto tiempo era probable que transcurriera hasta que las viudas murieran o se volvieran a casar (en ambas eventualidades, el pago de las pensiones cesaría). Estas cifras permitieron que Webster y Wallace determinaran cuánto dinero tenían que pagar los pastores que se incorporaran a su fondo para proveer a sus personas queridas. Contribuyendo con 2 libras, 12 chelines y 2 peniques al año, un pastor podía garantizar que su esposa viuda recibiera al menos 10 libras al año, una gran suma en aquella época. Si creía que esto no sería suficiente, podía escoger pagar más, hasta un máximo de 6 libras, 11 chelines y 3 peniques al año, lo que garantizaría a su viuda la cantidad todavía mejor de 25 libras al año.

Según sus cálculos, el Fondo para la Provisión para las Viudas e Hijos de los Pastores de la Iglesia de Escocia tendría, para el año 1765, un capital total de 58.348 libras esterlinas. Sus cálculos resultaron ser asombrosamente exactos. Cuando llegó aquel año, el capital del fondo se elevaba a 58.347: ¡solo una libra menos que la predicción! Esto era mejor incluso que las profecías de Habacuc, Jeremías o san Juan. Hoy en día, el fondo de Webster y Wallace, conocido simplemente como Viudas Escocesas, es una de las mayores compañías de pensiones y seguros del mundo. Con activos por un valor de 100.000 millones de libras, asegura no solo a las viudas escocesas, sino a quienquiera que esté dispuesto a comprar sus planes de pensiones.

Cálculos de probabilidades como los que emplearon los dos pastores escoceses se convirtieron en los cimientos no solo de la ciencia actuarial, que es fundamental para el negocio de las pensiones y los seguros, sino también para la ciencia de la demografía (fundada por otro clérigo, el anglicano Robert Malthus). A su vez, la demografía fue la piedra angular sobre la que Charles Darwin (que a punto estuvo de convertirse en pastor anglicano) construyó su teoría de la evolución. Mientras que no hay ecuaciones que predigan qué tipo de organismo evolucionará bajo un conjunto específico de condiciones, los genetistas usan el cálculo de probabilidades para computar la verosimilitud de que una determinada mutación se extienda en una población dada. Modelos probabilísticos similares han resultado fundamentales para la economía, la sociología, la psicología, la ciencia política y las demás ciencias sociales y naturales. Incluso la física acabó por suplementar las ecuaciones clásicas de Newton con las nubes de probabilidad de la mecánica cuántica.

El factor miedo de AMLO

Que el “pueblo bueno” (presuntamente, la gente de a pie), celebre el raquítico crecimiento de 0.1% del PIB (muy similar a los que tuvieron Fox, Calderón y Peña) y no diga nada sobre la caída de la inversión en más de 12% en lo que va de este año, es comprensible (para eso son apoyadores y, sobre todo, para eso son acríticos). Pero he oído y leído economistas que hacen maromas para convertir ese negro panorama en un “éxito” de la administración federal. El problema es grave porque las políticas contra la pobreza (que ya ve usted que, dice el Coneval, no cede) terminarán en lo que han terminado siempre, en derroche sin sentido (quizá aliviando unas penas aquí y otras allá) sin crecimiento de la economía.

Héctor Aguilar Camín llamó la atención sobre dos hechos en contradicción (https://bit.ly/31lKQZS): por una lado, muchas reuniones del Presidente con grandes empresarios, muestras de apoyo, declaraciones sobre la confianza en el gobierno, solidaridad con la patria y esperanza en el futuro. Por otro lado, crecimiento raquítico y caída de la inversión privada.

Encuentra el autor de la columna mencionada, que en el noticiero Bloomberg, Daniel Cancel entrevistó a seis grandes empresarios y ellos, precavidos, le pusieron como condición, que sus nombres y empresas se mantuvieran en el anonimato.

Los seis describieron con una palabra al gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador: errático. A sí mismos se describieron como paralizados.

Describieron la situación como una tensa espera a ver qué sector sale vapuleado en la mañanera. El mismo noticiero tituló el problema como “el factor miedo de AMLO”. (https://bloom.bg/2YSMWD3 ).

INEPTITUD Y AUTORITARISMO

Voté por López Obrador, lo digo de nuevo, porque iba a reconstituir el estado de derecho, estimular una economía sana, sustentable y en crecimiento y acabar con la pobreza. Las decisiones del día a día apuntan, desgraciadamente, hacia dos tendencias muy preocupantes: la ineptitud y el autoritarismo.

La ineptitud se puede ver en dos indicadores. Uno, la incapacidad para gastar 150 mil millones de pesos del presupuesto aprobado que el Presidente llama ahorro, cuando en realidad son simples recortes como en el más álgido dominio salinista; dos, la incapacidad de hacer crecer la economía conformándose con el 0.1% que salieron a celebrar como si nunca hubieran criticado los igualmente raquíticos crecimientos de Fox, Calderón y Peña. Nada más para recordar, en un mensaje en redes del 25 de marzo de 2014, Andrés Manuel decía: “En enero la economía creció 0.8%, es decir, nada. EPN y Videgaray no saben cómo hacerlo. Perdón, pero con nosotros sería distinto y mejor”.

El autoritarismo se filtra por todos lados: la ley Bonilla en Baja California, la ley garrote en Tabasco y en el recién aprobado dictamen de ley sobre la extensión de dominio. Sobre las dos primeras, el Presidente se escurrió con el asunto de la autonomía (como si fuera muy respetuoso de ella). Sobre la extinción de dominio dijo: “Lo que se confisque, por delincuencia, sea común o de cuello blanco, todos los bienes que se confisquen, de inmediato se van a entregar al pueblo ya sea dinero o bienes. Un bien se confisca, se retiene y se hace un avalúo formal. Puede seguir el juicio. Si resulta que esa retención del bien era injusta, de inmediato, el instituto (suponemos que el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado que, aunque usted no lo crea, existe) e paga el valor del bien.”

Note usted que primero viene la confiscación, luego el juicio y, al final, si la confiscación no estaba fundada, se le entrega al dueño ¡no el bien!, sino el valor del bien, aunque el dueño no quiera vender.

Supongo que algún organismo del Ejecutivo (que tendrá, el ejecutivo, manga ancha en eso de confiscaciones) se encargará de determinar de quién se sospecha que sea un criminal y qué bienes se le confiscan. Saldrán a decir que como no son iguales (cosa que ya quedó demostrado que no es cierto) no habrá venganzas políticas, ajustes de cuentas o simples despojos.

La parte esa de entregar el bien el pueblo es delirante. ¿A qué parte del pueblo?, ¿a los 130 millones de mexicanos?, ¿al pueblo bueno formado por los 62 millones que hoy apoyan al Presidente, que son el 70% de los 88.5 millones de electores?, ¿al pueblo muy bueno, que son los 30 millones que votaron por él? ¿o alguna otra parte del pueblo? Y, por último, ¿quién decidirá esa entrega y a quién?

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