Voté por López Obrador, lo digo de nuevo, porque iba a reconstituir el estado de derecho, estimular una economía sana, sustentable y en crecimiento y acabar con la pobreza. Las decisiones del día a día apuntan, desgraciadamente, hacia dos tendencias muy preocupantes: la ineptitud y el autoritarismo.
La ineptitud se puede ver en dos indicadores. Uno, la incapacidad para gastar 150 mil millones de pesos del presupuesto aprobado que el Presidente llama ahorro, cuando en realidad son simples recortes como en el más álgido dominio salinista; dos, la incapacidad de hacer crecer la economía conformándose con el 0.1% que salieron a celebrar como si nunca hubieran criticado los igualmente raquíticos crecimientos de Fox, Calderón y Peña. Nada más para recordar, en un mensaje en redes del 25 de marzo de 2014, Andrés Manuel decía: “En enero la economía creció 0.8%, es decir, nada. EPN y Videgaray no saben cómo hacerlo. Perdón, pero con nosotros sería distinto y mejor”.
El autoritarismo se filtra por todos lados: la ley Bonilla en Baja California, la ley garrote en Tabasco y en el recién aprobado dictamen de ley sobre la extensión de dominio. Sobre las dos primeras, el Presidente se escurrió con el asunto de la autonomía (como si fuera muy respetuoso de ella). Sobre la extinción de dominio dijo: “Lo que se confisque, por delincuencia, sea común o de cuello blanco, todos los bienes que se confisquen, de inmediato se van a entregar al pueblo ya sea dinero o bienes. Un bien se confisca, se retiene y se hace un avalúo formal. Puede seguir el juicio. Si resulta que esa retención del bien era injusta, de inmediato, el instituto (suponemos que el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado que, aunque usted no lo crea, existe) e paga el valor del bien.”
Note usted que primero viene la confiscación, luego el juicio y, al final, si la confiscación no estaba fundada, se le entrega al dueño ¡no el bien!, sino el valor del bien, aunque el dueño no quiera vender.
Supongo que algún organismo del Ejecutivo (que tendrá, el ejecutivo, manga ancha en eso de confiscaciones) se encargará de determinar de quién se sospecha que sea un criminal y qué bienes se le confiscan. Saldrán a decir que como no son iguales (cosa que ya quedó demostrado que no es cierto) no habrá venganzas políticas, ajustes de cuentas o simples despojos.
La parte esa de entregar el bien el pueblo es delirante. ¿A qué parte del pueblo?, ¿a los 130 millones de mexicanos?, ¿al pueblo bueno formado por los 62 millones que hoy apoyan al Presidente, que son el 70% de los 88.5 millones de electores?, ¿al pueblo muy bueno, que son los 30 millones que votaron por él? ¿o alguna otra parte del pueblo? Y, por último, ¿quién decidirá esa entrega y a quién?
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