VicamSwitch

Fotógrafo
Armando Sánchez 

Director
Alejandro Valenzuela

 

Month: October 2019

Entre el fuego y el sermón

¿Qué hubiera hecho yo?

Si estuviera en su lugar (que Dios guarde la hora, como me decía mi amada madre), yo hubiera hecho lo mismo que Andrés Manuel López Obrador en el asunto de Culiacán. Además, creo que Alfonso Durazo actuó con entereza y valentía al reconocer el error (que rubrica el “nada qué celebrar” anterior), cosa que no es fácil para un político

Los dos polos del ríspido debate son ciertos. Por un lado, se privilegió la vida de civiles y se evitó el inútil derramamiento de sangre. Por el otro, el gobierno fue doblegado por el narco, aunque en mi opinión correr también es defenderse y en esas circunstancias es muy fácil, desde fuera, recomendar valentía.

Pero el debate debería ser otro: cómo reconstruir el estado de derecho y cómo darle al Estado superioridad de fuego ante los criminales. Yo creo que sí existe una estrategia. La división del país en 266 regiones para la coordinación del Ejército, la Marina y la Guardia Nacional es la base del plan. El problema es que esa estrategia está en construcción y los problemas para instrumentarla son muchos. Vea usted.

En primer lugar, aunque suena ya a justificación, el pasado juega un papel. La impartición de justicia sigue siendo un nido de corrupción: los jueces, los ministerios públicos y las policías siguen extorsionando y muchos de ellos trabajan para los criminales.

En segundo lugar, el reclutamiento de personal para la Guardia Nacional ha sido dificultoso y los pocos que se han alistado andan de migras de los Estados Unidos.

Tercero, el Presidente no está ayudando mucho. Primero, porque erosiona el respeto a la institución presidencial con epítetos hirientes a los medios de comunicación y a los opositores. Y segundo, porque toma a juego la lucha contras el crimen con frases inútiles como “abrazos, no balazos”, “fuchi, guácala”, “los voy a acusar con su mamá” y “los delincuentes también son pueblo”.

Cuarto, las limitaciones impuestas a las fuerzas federales son una camisa de fuerza. No es cierto que el narco tenga más poder de fuego que la Marina o el Ejército. Lo que pasa es que los federales no pueden usar el que tienen y los narcos lo usan libremente y sin escrúpulos.

Quinto, es deseable atacar las causas de la violencia, pero no se puede convertir ese objetivo, por lo menos en el corto plazo, en el mecanismo de contención . Se tiene que combatir el crimen con lo que la ley le da al Estado: el uso de la fuerza en la proporción necesaria.

La legalización de las drogas es la mejor solución, pero mientras debe haber un combate ordenado y coordinado contra la delincuencia. Sería muy oportuna una declaración conjunta del Presidente, los gobernadores, del Ejército, la Marina y la Secretaría de Seguridad Federal, de cero tolerancia a la agresión a los federales. La declaración debe incluir el pleno respeto a los derechos humanos de los ciudadanos, pero que los que tomen las armas se ponen en la línea de fuego. Parece drástico, pero no le veo de otra.

La (siempre conflictiva) libertad de expresión

La Secretaría de la Función Pública, a cargo de Eréndira Sandoval (la que dijo que el pueblo era más sabio que todos los doctores del mundo y que pagó una conferencia a su suegra en la secretaría), le envió una carta a Carlos Loret de Mola para que “en un plazo de siete días hábiles, presente copia certificada de toda la información con la que cuenta sobre el asunto de corrupción en Pemex y su relación con la campaña electoral del expresidente Enrique Peña Nieto”.

El Universal, periódico donde se publicó la nota de Loret, dijo que “resulta que ahora, además de hacer el trabajo que las autoridades no realizan, los periodistas también tienen que entregar los resultados de sus investigaciones a las autoridades y, más aún, contratar los servicios de un notario público para certificarlas”.

El periódico no dice en la nota que interpondrá una denuncia por esa violación a la libertad de expresión, pero debería hacerlo porque quizá el entuerto no prospere, pero muy bien puede ser un intento de controlar el trabajo de la prensa que, con todo derecho, critica al actual gobierno.

Es probable, también, que la sentencia de un juez (en claro conflicto de interés: es hermano del beneficiado con una notaría por el gobierno de Moreira en Coahuila) al investigador Sergio Aguayo (que escribió sobre “el tufo corrupto de los Moreira”), se enmarque también en ese intento de amordazar a la prensa.

Muchos fanáticos del actual gobierno se desclochan (se les rompe el clutch del razonamiento) en insultos contra los periodistas que critican a gobierno actual. Hay quienes en la prensa que criticaban a los gobiernos pasados, pero no critican a este (y está bien, están en su derecho); otros no criticaban a los gobiernos anteriores, y son muy críticos del actual (y también tienen derecho); están los que cobran por criticar o por alabar a quién les ordenan (costal este en el que los mexicanos metemos a todos los periodistas que escriben cosas distintas a lo que pensamos, aunque no tengamos ni una sola prueba de ello), y están los que siempre han criticado a los de antes y a los de ahora, atenidos al principio de que no hay un solo gobierno en el mundo que tenga puros aciertos o puros errores, y convencidos de que la obligación de los periodistas es criticar, no aplaudir a los poderosos.

La mera verdad, ¿qué sería de este mundo sin prensa crítica?

Evasión y terrorismo fiscal

La evasión fiscal se ha convertido en una práctica en extremo extendida. Todos evaden impuestos… si pueden, pero el caso es que todos pueden. Evaden impuestos desde el pequeño comerciante informal de la calle hasta la más grande corporación. Los pequeños evasores (si acaso están registrados en el SAT) compran facturas falsas en el robusto mercado creado a propósito, pero la inmensa mayoría (los informales) ni siquiera están registrados como comerciantes, mucho menos como contribuyentes.

Las grandes empresas gastan millones de pesos en expertos que buscan hasta los más inverosímiles resquicios para evadir… y los encuentran. Los montos de dinero evadido son estratosféricos. Este es también un gran negocio, no solamente para las empresas, sino para ese robusto mercado de “expertos” en el fino arte de no cumplir las obligaciones fiscales.

 

 

Pero también la autoridad ha sido omisa, si no es que francamente corrupta en esa feria del todos ganan, menos el Estado. El desarreglo en el sistema fiscal (porosidad, dispersión, deducciones, condonaciones, tasas ceros y desniveles), así como las enredadas reglas y procedimientos para pagar, lo ha creado la autoridad. El mismo Congreso de la Unión, que ahora se espanta de lo que creo en el pasado, ha contribuido en mucho al desastre que hay en ese campo.

La evasión fiscal es como el crimen organizado: está fuera de control. La diferencia es que los evasores sí pueden ser metidos en cintura, no como los criminales-criminales. Para eso se aprobó la ley anti facturas falsas, para ser el instrumento con el que se frene esa sanfrancia de la evasión-corrupción. Se puede decir que, a grandes males, grandes remedios.

Sin embargo, el sector privado (léase, las cúpulas del sector empresarial) y la oposición (PRI, PAN y PRD) se han inconformado con la ley porque dicen, abre la puerta al terrorismo fiscal.

La ley, efectivamente, le da a la autoridad un elevado nivel de discrecionalidad. El Presidente no debería vulgarizar los reclamos diciendo que “están en favor de las facturas falsas” porque una parte de los reclamos están plenamente justificados.

Como el delito se equiparó al crimen organizado, se traslada de la ley anti crimen la figura de extinción de dominio de manera automática. Imagínese que contrato un servicio y se me entrega una factura falsa. Como carezco de medios para distinguir entre falsas y legítimas (es como los billetes, se necesita experiencia e instrumentos para detectar los billetes falsos), la recibo y la entrego al SAT. La autoridad fiscal detecta la factura, llega a mi negocio y me aplica la extinción de dominio, es decir, me expropia el inmueble y, como es delito equiparado con delincuencia organizada y aplica la prisión preventiva,  me mete a la cárcel en lo que se aclara el asunto.

En lo que me defiendo, gastaré dinero en abogados y procedimientos. El proceso puede durar meses o años. Supongamos que al final se me da la razón. Pero para entonces carezco de dinero, de clientes y, en una palabra, de empresa. A eso se le ha llamado terrorismo fiscal.

Como dice Enrique Quintana (Coordenadas, El Financiero del 16 de octubre 2019), “Lo que necesitamos es un punto de equilibrio en el cual la autoridad fiscal tenga los instrumentos que le permitan ejercer la autoridad necesaria, pero al mismo tiempo que los contribuyentes encuentren la protección jurídica para defenderse en caso de acciones injustas”.

 

El Premio Nobel de Economía 2019

El Premio Nobel de Economía de este año 2019 fue otorgado a los esposos Esther Duflo y Abhijit Banerjee, y a Michael Kremer. Los tres han estudiado temas relacionados con el desarrollo y la pobreza, como la educación, la salud y la dotación de agua potable.

Kremes ha investigado la relación de la pobreza con la salud, el abastecimiento de agua y el desarrollo de la agricultura. Propone que el establecimiento y manejo del agua potable es una área rentable para la economía.

Banerjee y Duflo, centrados más en la relación pobreza-educación, y encontraron (tanto en la teoría como en la práctica) que los niños deben ser beneficiados con tratamientos que mejoren su salud y que eviten el ausentismo de las escuelas. Una cosa sorprendente, porque México parece caminar en sentido contrario, es que proponen que los profesores NO FALTEN A CLASES (inevitable pensar la CNTE) y que deben ser evaluados según SUS RESULTADOS (inevitable pensar en la actual contra-reforma educativa de la 4T) con base en contratos de trabajo bien establecidos.

Inevitable también pensar que poco antes de que se inaugurara el nuevo gobierno, el Vícam Switch propuso un proyecto para combatir la pobreza desde la atención a la infancia, a la que se le debería dar educación de calidad y de tiempo completo, salud integral y alimentos en las escuelas. Aquí está para quien quiera leerlo: http://vicamswitch.mx/edicion-impresa/).

Estos tres economistas han puesto de regreso la teoría del desarrollo, sobre la que todavía queda mucho qué decir y, sobre todo, mucho qué hacer.

 

Hombres de palabra (auto) devaluada

El ministro Arturo Zaldívar, presidente de la SCJN, dijo que Felipe Calderón lo había presionado en los casos de la Guardería ABC y en el de Florence Cassez. Calderón respondió y desmintió las afirmaciones de Zaldívar.

Ricardo Raphael (El Universal del 10 de octubre) dijo que “en esta disputa resulta difícil confiar en la palabra de Felipe Calderón porque fue un presidente poco pulcro respecto a algunos aspectos muy relevantes” y menciona la criminalización de los jóvenes de Villas de Salvacar, en Ciudad Juárez y de los estudiantes del Tec de Monterrey muertos a manos de la Marina.

Jesús Silva Herzog Márquez (Reforma, 7 de octubre) nos recuerda que el actual presidente de la SCJN escribió, poco después del triunfo de Andrés Manuel López Obrador, un lamentable artículo en Milenio donde decía que ellos, los jueces, “debemos acusar recibo de los mensajes de las urnas”, como si a los magistrados les compitiera ratificar la voluntad de la mayoría, cuando su papel es hacer pasar esa voluntad por el filtro de la Constitución. Quizá el ministro quería ser presidente de la corte y para ello buscaba quedar bien con López Obrador, sin importarle que el ahora presidente de la república haya preguntado en campaña a la multitud (multitud con muy improbables conocimientos sobre derecho constitucional): “¿Saben de algo que hayan hecho los de la Suprema Corte en beneficio de México? ¿Se han enterado de algo que hayan resuelto a favor del pueblo?” y sin importarle que el mismo candidato se haya respondido: “¡Nada!”.

Así pues, enmendándole la plana a Ricardo Raphael, podríamos decir que no se puede confiar ninguno de esos dos personajes (Zaldívar y Calderón) porque se nota a leguas el tufo de oscuros intereses muy alejados de la actitud republicana.

Es seguro que Calderón sí trató de presionar a la Suprema Corte en los casos mencionados, pero también es seguro que a Arturo Zaldívar le importe muy poco la independencia del poder judicial (como tampoco le importa a López Obrador) por más que esa independencia (más que la del poder legislativo) sea la piedra de toque de todo sistema republicano, democrático y representativo.

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