Desconfío de los políticos, pero el 1 de julio de 2018 fui a votar atraído por la promesa de reconstrucción del estado de derecho, de desarrollo económico sustentable y a ver si por fin se atacaba de fondo la pobreza.
Todos los días sufro alguna decepción. Pero a pesar de los errores y del mal uso del poder, quiero volver a las razones por las que votamos. México es bárbaro, cruel, abusivo, desigual, racista, clasista… en una palabra, es un país culero. Si no se ponen hoy las bases para el progreso, seguiremos siendo el mal ejemplo de todo.

Propongo que el Estado se centre en dos (y solamente en dos) medidas de justicia social.
1) La palanca principal del desarrollo está en la atención prioritaria a la infancia. En el Vícam Switch lo propusimos desde el primer día (https://bit.ly/3eLmkZo) darle a la infancia educación de calidad, salud y alimentación en escuelas de tiempo completo. Eso, en términos prácticos, es un subsidio a la familia. El costo anual de ese proyecto sería de alrededor de 3 billones de pesos.

2) Dar pensión universal nada más a los mayores de 65 años y a personas discapacitadas (ya se hacía desde los sexenios anteriores, pero se ha hecho y se hace mal y sin ton no son). Se trata que, de manera automática, y en el banco de preferencia del beneficiario, se deposite el equivalente de cinco mil pesos mensuales. El costo anual del programa sería de un billón de pesos.
Si además del funcionamiento normal del Estado (que requiere de unos 3 billones de pesos), se atienden las urgentes necesidades de infraestructura nacional (carreteras, ferrocarriles, aduanas, puertos, aeropuertos, parques industriales y embellecimiento urbano), el Estado debería recaudar de manera efectiva el 40 por ciento del ingreso nacional.

Se trata, nada más y nada menos, que de darle orden al progreso.

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